Por David Ruiz
Santo Domingo 23 de nov.- Los
funcionarios y agentes del orden público que obstaculicen o impidan que una
persona ejerza la libertad de expresión o de manifestación se harán pasibles de
penas de hasta dos años de prisión y multas que dupliquen sus salarios una vez
el Poder Ejecutivo promulgue el nuevo Código Penal.
Así lo advirtió el abogado
Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, quien señaló que
el artículo 292 del proyecto de Código Penal tipifica el delito de abuso de
autoridad pública contra la libertad de expresión y establece sanciones que van
de uno a dos años de privación de libertad para los funcionarios que incurran
en el mismo.
El jurista explicó que la
disposición constituye una novedad legislativa que se enmarca en las garantías
jurisdiccionales que instituye la Constitución para la libertad de expresión,
el derecho de reunión y la libertad de cultos.
“Igualmente serán pasibles
de responsabilidad patrimonial en los términos de las disposiciones del
artículo 148 de la Constitución y el 1382 del Código Civil”, dijo.
Adujo que de esa manera el
funcionario o servidor público que incurra en la práctica de despojar a
periodistas de sus equipos o de impedir ilegítimamente que realicen su labor
podrá ser sometido a la justicia penal y recibir una sanción correccional, si
el Poder Ejecutivo promulga el proyecto de Código Penal en los términos en que
fue aprobado por el Congreso.
Rodríguez consideró que se
trata de una inversión de la lógica del actual Código Penal, que consigna
delitos de “lesa majestad”, que agravan las penas por el hecho de que afectado
de difamación sea un funcionario público.
“Ahora lo que estamos viendo
es que el Código Penal ha girado hacia un deber de protección departe del
funcionario público al ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas
y de los ciudadanos en sentido general y si falta a ese deber y se constituye
en obstáculo para la libertad de expresión entonces es sujeto de persecución
penal”, apuntó.
Otras prerrogativas que
protege el proyecto de Código Penal son el derecho de asociación, el derecho al
trabajo, el derecho de reunión y el derecho al libre culto. Con esta sanción el
nuevo Código da fuerza coercitiva a las disposiciones de la Carta Magna que
erigen estos derechos con rango constitucional.
La
misma sanción, de uno a dos años, se impone también a los funcionarios públicos
que cometan discriminación contra una persona física al momento de prestar un
deber o un servicio público.
El
proyecto de nuevo código Penal está pendiente de ser enviado al Poder Ejecutivo
para su promulgación y observación por parte del presidente Danilo Medina,
quien dispondrá de un plazo constitucional de 10 días desde el momento que lo
reciba.
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