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Ramón Santana
Santo Domingo.- La Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) se unió este jueves al reclamo de varios medios escritos de
República Dominicana que piden se declaren inconstitucionales normas que
criminalizan los delitos de difamación contenidas en la Ley de Expresión y Difusión
del Pensamiento y en el Código Penal, ya que atentan contra la libertad de
prensa.
En tal sentido el presidente
de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo,
director del semanario Búsqueda de Uruguay, entiende que "el pedido de los
editores dominicanos es coherente con la descriminalización de la difamación,
una tendencia a favor de la libertad de prensa y de expresión que viene siendo
fortalecida por la jurisprudencia y las opiniones de la Corte y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente".
Por lo que una comunicación
de prensa de la SIP afirmó que la tendencia en materia de descriminalización es
irreversible. En ese sentido, cita que en los últimos años, los delitos de
difamación han sido despenalizados en Argentina, Bermudas, En Chile (en forma
parcial), El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Perú y Uruguay, y existen
proyectos legislativos en este sentido en varios países.
En el mismo orden se
recuerda que los diarios que han reclamado sobre el tema en cuestión son El
Día, Listín Diario, Diario Libre, El Nacional, Hoy, El Nuevo Diario, El Caribe
y es apoyado por statusquodominicano.blogspot.com.
Estos medios de comunicación
escrita publicaron hoy una petición dirigida a los magistrados del Tribunal
Constitucional para que eliminen, en un tiempo razonable", 11 artículos de
la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento y cinco del Código Penal, a
los que consideran no compatibles con la Constitución y la Convención Americana
de Derechos Humanos. El recurso de inconstitucionalidad lo presentaron el 25 de
febrero de 2013.
Indican que los artículos en
cuestión establecen "un sistema de persecución penal de privación de
libertad por delitos de palabra que deviene en injusto y que desborda el
principio de razonabilidad que consagra la propia Constitución". También piden
que se elimine el efecto cascada de la Ley 6132, por el que se responsabiliza
al director de un medio como autor principal de una acusación por difamación o
injuria.
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